El gobierno de los públicos: información, opinión y comunicación en las articulaciones y resistencias de la gubernamentalidad neoliberal en Argentina

El gobierno de los públicos: información, opinión y comunicación en las articulaciones y resistencias de la gubernamentalidad neoliberal en Argentina

Ciencias Sociales

Introducción: En el año 2009 el Congreso de la Nación de Argentina sancionó la denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en lo que significó la institucionalización de una serie de expectativas regulatorias en torno a la acción de los medios de comunicación que venían siendo expresadas por actores sociales y políticos bajo la idea del Derecho a la Comunicación. Este hecho también implicó una ruptura en el proceso de articulación histórica entre el gobierno y ciertas empresas mediáticas del país dando inicio a una confrontación en el plano legal y simbólico. El proyecto de ley respondía, en su base conceptual, a un agregado de demandas y perspectivas comunicacionales derivadas de teorías normativas de los medios de comunicación audiovisual y que en ese momento circularon en el espacio público en el documento titulado “21 puntos por el Derecho a la Comunicación” elaborado por el colectivo “Coalición para una comunicación democrática”, cuyo interés manifiesto y principal era la democratización del sistema de medios audiovisuales en la Argentina. Una parte importante de esos puntos fueron recuperados por el gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner y convertidos en un proyecto de ley que, luego de un debate fuertemente instalado en el espacio público, fue discutido y aprobado por el congreso de la Nación convirtiéndose en la Ley N° 26.522.
En el artículo 19 y 20 de la LSCA se crea la figura de Defensor del Público como un organismo de tipo judicial cuyo objetivo es realizar un seguimiento del funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales. En la emergencia de un organismo de este estilo, que remite a la figura del ombudsman en el ámbito de los medios audiovisuales, se genera una serie de inquietudes que movilizó los inicios de la realización de esta tesis. La primera de ellas remite a la siguiente pregunta ¿Qué está expresando un Estado o un gobierno cuando decide instituir un Defensor del público? La defensoría del público se enmarca claramente en un proceso de construcción de herramientas políticas de carácter progresista que asume a la comunicación como un espacio clave para la promoción de formas de gobierno democráticas. Sin embargo lo que inquieta son las reminiscencias presentes, primero en la idea de "público" e inmediatamente en la idea de "defensor" ¿Por qué una organización Estatal racionaliza al conjunto social bajo la forma de público? Si identificamos algunos elementos y enunciados que se relacionan con esta idea de público como forma de constituir sujetos políticos (y como abstracción de un conjunto de personas cuyo vínculo social está dado por el compartir una experiencia en torno a lo actual-real, mediada por las tecnologías del lenguaje del periodismo y los medios de comunicación) es posible encontrar racionalidades gubernamentales que están pensando y calculando lo que en términos de Foucault se denomina una “economía de las relaciones de poder” (Foucault en Dreyfus & Rabinow, 1988, p. 243). Esta economía de gobierno se expresa en prácticas discursivas y no discursivas que reúnen reflexiones, juicios y saberes que configuran una grilla de inteligibilidad desarrollada para gobernar eso que se quiere gobernar. Si es así entonces, ¿qué características asociaría una racionalidad gubernamental a esa forma social de público? ¿Cómo la piensa? ¿Qué tipo de subjetividad política le reconoce y se propone asignarle? ¿Desde qué saberes y mediante qué prácticas se produce la captura de un cuerpo social bajo la forma de público?

Fil: Venier, Emiliano. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina.

Venier, Emiliano

2018-08

ARG

Tesis doctoral en Ciencias Sociales